La importancia de la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia para la política progresista en las Américas no puede ser exagerada.

El 29 de Junio Gustavo Petro y Francia Márquez del Pacto Histórico (PH) fueron elegidos como presidente y vicepresidenta de Colombia.  Esta elección es una victoria para la política progresista en las Américas. Su importancia en la región no puede ser exagerada.

A Colombia a veces la llaman la “democracia más antigua” de América Latina. Aquellos que lo hacen no entienden su compleja y violenta historia, o tienen un interés activo en oscurecerla.  Es la primera vez que Colombia elige un gobierno de izquierda, después de una larga y dura lucha para crear un espacio político alternativo, frente a décadas de represión sistemática y brutal.

Un Legado de Violencia

La difícil trayectoria está puesta en evidencia por los numerosos asesinatos de candidatos presidenciales a lo largo de su historia — desde Jorge Eliécer Gaitán en 1948 hasta Jaime Pardo Leal en 1987.  Un partido político entero, la Unión Patriótica (UP), fundada en el 1985 durante una insurgencia armada de larga duración que tenía por objetivo darle a la izquierda una vía democrática para el cambio, fue víctima de un “genocidio político” entre su creación y 2018.  La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo de paz del 2016, descubrió que 5733 miembros de la UP fueron asesinados durante ese periodo.

No se puede subestimar la magnitud de la represión infligida a la izquierda política y a la sociedad civil organizada. Alrededor de 3000 sindicalistas han sido asesinados. Incluso desde la firma del acuerdo de paz, más de 1300 activistas políticos y sociales han sido asesinados, ochenta de ellos solo este año.

Francia Márquez proviene del departamento del Cauca, una de las regiones más afectadas por el conflicto, con un número alarmante de líderes sociales asesinados. En su discurso postelectoral, ella misma sobreviviente de un intento de asesinato en el 2019, rindió homenaje a los y las líderes asesinados, agradeciéndoles por “por haber hecho el camino, por haber sembrado la semilla de la resistencia y la esperanza”.

Esta elección se produjo pocos días antes de otro momento histórico para Colombia, en el que la Comisión de la Verdad, un mecanismo establecido por el acuerdo de paz, dio a conocer su informe, un momento de duelo y de reconciliación.  Por todas estas razones, esta victoria debe ser vista en su contexto histórico.  Y todo esto hace que la elección de Petro, un político progresista y ex-guerrillero, y Márquez, una lideresa comunitaria, defensora del medio ambiente y feminista, sea muy conmovedor, especialmente para los que hemos estado involucrados en apoyar la lucha por la paz y la justicia social en el país.

El paro de 2019-2020, 2021

En la historia más inmediata, esta victoria solo fue posible gracias a movilizaciones sociales masivas.  Manifestaciones tuvieron lugar en todo el país a una escala sin precedentes en el 2019, 2020 y 2021.  Los jóvenes protagonistas de las protestas ayudaron a sobrepasar niveles históricos de abstención electoral: la participación fue del cincuenta y ocho por ciento, muy por encima del promedio anterior de cuarenta y ocho por ciento, lo que refleja la esperanza renovada que el Pacto Histórico ha creado.  La madre de Dilan Cruz, un joven asesinado por la policía antidisturbios durante las protestas, intervino en la celebración de la victoria de Petro y Márquez.

Si bien fue esta acción popular la que llevó a Petro y Márquez a la victoria, también resultó ser un factor importante la capacidad de construir alianzas con el centro y partes del centro-derecha. Estas alianzas serán clave para la supervivencia de la administración.

Petro obtuvo el apoyo de figuras de alto perfil de la era de Juan Manuel Santos, el ex presidente cuya administración negoció el acuerdo de paz del 2016 con las FARC-EP.  Estos políticos se han convertido en importantes patrocinadores de su plataforma.  En los días posteriores a su victoria, Petro ha renovado los esfuerzos para crear un “acuerdo nacional” mediante la construcción de un diálogo en todo el espectro político, incluso invitando al ex-presidente de la extrema derecha, Álvaro Uribe, a conversar.

En un país donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han sido históricamente marginadas y afectadas desproporcionadamente por la desigualdad y la exclusión política, Márquez desempeñó un papel crucial en movilizar amplio apoyo al Pacto Histórico desde los movimientos sociales.  Al recibir sus credenciales como vicepresidenta electa, Márquez dijo que ésto, en sí mismo, era un acto de justicia racial y de género. Se ha comprometido a que la lucha contra la desigualdad racial y de género estructural sea parte central del programa de su gobierno, estando a cargo de un nuevo Ministerio de Igualdad.

El Acuerdo de Paz

El mapa electoral muestra una fuerte superposición entre los que votaron por Petro y los que votaron a favor del acuerdo de paz en el 2016, un factor fundamental de esta victoria.  Fue este acuerdo de paz el que abrió el camino para la movilización masiva en las calles en los últimos años.  Un objetivo central del acuerdo es crear un espacio democrático, ampliar la participación política y fomentar la esperanza que Colombia pueda cambiar por medios democráticos.

En el fondo, el conflicto entre las FARC y el Estado colombiano fue impulsado por la terrible desigualdad en Colombia y la falta de espacio político para una oposición.  El acuerdo plantea importantes reformas estructurales para abordar estos problemas. En gran parte, estas reformas no se han materializado por los obstáculos impuestos en los últimos cuatro años de un régimen de extrema derecha opuesto al proceso de paz.

El programa económico del PH da prioridad al desarrollo de la productividad interna por encima de las industrias puramente extractivas, propone abordar la desigualdad social a través una reforma tributaria progresista y proteger el medio ambiente a través de la transición ecológica.  Incluye la extensión de los servicios sociales, tanto como el acceso a la salud y la educación.  La paz también depende de la implementación de la reforma rural y la sustitución de cultivos, previstas en el acuerdo para reparar la injusticia histórica en el acceso a la tierra, y  para promover la inversión en el campo, y así, ofrecer a las comunidades campesinas opciones sostenibles más allá del cultivo de coca.

Petro se ha comprometido a lograr una paz “completa”, tanto mediante la implementación del acuerdo de 2016, como de la apertura de negociaciones con las organizaciones guerrilleras restantes. El ELN, con quien el presidente Duque dejó de negociar en enero de 2018, ha expresado su voluntad por restablecer el diálogo.  Un grupo liderado por algunos ex-miembros de las FARC, los que, desilusionados por la falta de progreso habían abandonado el acuerdo, han también declarado sus deseos de dialogar.

Desafíos por delante

No obstante, Petro y su amplia coalición enfrentan enormes desafíos. A pesar de la voluntad de las insurgencias de izquierda restantes del diálogo, una prueba clave para el nuevo gobierno será enfrentar a los grupos paramilitares y las organizaciones violentas de narcotráfico que aún aterrorizan partes de Colombia.

En los últimos meses, áreas enteras del norte del país fueron sometidos a un ‘paro armado’ por el grupo paramilitar ‘Clan de Golfo’, durante el cual al estado le faltó la capacidad, y tal vez incluso la voluntad de enfrentarlos.  El acuerdo de paz incluye medidas para desmantelar estos grupos paramilitares, responsables por los asesinatos de tantos líderes sociales. El mismo día de las elecciones fue un sombrío recordatorio de la brutalidad que sufren los activistas. Dos testigos electorales y activistas del PH, Roberto Rivas y Ersain Ramírez, fueron asesinados.

Más de 320 ex-guerrilleros en proceso de reincorporación fueron asesinados desde que dejaron las armas, cumpliendo con sus obligaciones del acuerdo de 2016.  Otras organizaciones guerrilleras tendrán que tener garantías de no correr el mismo riesgo de ser asesinados.

También será necesario reformar la fuerza pública, dado que el ejército y la policía son responsables de algunas de las peores atrocidades en el país. Durante una misión reciente de Justicia para Colombia integrada por sindicalistas y parlamentarios británicos, irlandeses y españoles, varios defensores de derechos humanos nos hablaron de la urgente necesidad de poner fin a la doctrina militar de enfrentar el “enemigo interno”, lo que ha servido de excusa y “justificación” para que la sociedad civil organizada sea tratada con violencia estatal.  Durante las manifestaciones en el 2021, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos, cuarenta y cuatro manifestantes fueron asesinados por la policía.

Cuando el grupo de Justicia Por Colombia viajó recientemente a Putumayo, en el sur de Colombia, escuchamos testimonios desgarradores de sobrevivientes y familiares de víctimas de una masacre cometida por el ejército. Hacía unos pocos meses atrás que unos soldados habían matado a tiros a once civiles en una fiesta comunitaria; poco después, los presentaron como si hubiesen sido “guerrilleros disidentes” muertos en combate.

Este evento recordaba el mal llamado caso de los “falsos positivos”, que vio a soldados asesinar a 6.400 civiles entre 2002 y 2008, y luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate para presentar una imagen de un supuesto “éxito” de las fuerzas militares, y así recibir ascensos y bonificaciones.  Reformar la fuerza pública fue algo que el gobierno anterior no pudo incluir en el acuerdo de paz — esta es una tarea enorme que ahora enfrenta la nueva administración.

Los que están llenos de esperanza generada por esta gran victoria también tendrán que manejar, e incluso moderar quizás sus expectativas.  Antes del 2016, el proceso de paz dividió al establishment, y no todos los partidarios de Petro son de izquierda.  El ex-presidente uruguayo Pepe Mujica dijo en su mensaje de felicitación al pueblo colombiano que Petro “no puede hacer magia”.

Sin una mayoría en el Congreso, realizar los cambios legislativos propuestos y necesarios requiere que Petro continúe construyendo alianzas, algo que ya parece estar haciendo.  En su discurso de victoria, estableció un tono realista: “Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo”, dijo Petro, “no porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo … tenemos que construir una democracia.”  Y con mandatos presidenciales que solo duran cuatro años, para hacer un cambio duradero, la organización y planificación a largo plazo para la próxima administración será crucial.

Un cambio progresista

Petro y Márquez jugarán un papel importante en la consolidación de nuevas administraciones progresistas en el resto de América Latina.  El cambio está en marcha en todo el continente: hemos visto la victoria socialista en Bolivia anulando un golpe de Estado de extrema derecha, la elección de Gabriel Boric en Chile. También se contempla con cierto optimismo la posible victoria de Lula en las próximas elecciones en Brasil, y una serie de otras administraciones de izquierda están liderando el camino a seguir para la región.

Las implicaciones de este cambio no pueden sobreestimarse:  Colombia ha sido, durante mucho tiempo, el principal punto de apoyo de Estados Unidos en América Latina. Al mismo tiempo, Colombia ha participado por muchos años en una fuerte alianza con Estados Unidos en sus tratos hostiles con Venezuela y Cuba. Cuando el régimen de Duque se negó a implementar los acuerdos protocolarios firmados en caso de ruptura de las conversaciones de paz con el ELN, generosamente acogidas por el gobierno cubano, sentó un peligroso precedente para los procesos de paz en todo el mundo.

Tal vez sea sorprendente, dada la historia de interferencia sangrienta y de falta de respeto por los gobiernos de izquierda elegidos democráticamente en América Latina, que la administración de Biden se apresuró en reconocer la victoria de Petro, con los presidentes en comunicación telefónica a pocos días del resultado. Petro también anunció que habló con el Presidente Maduro de Venezuela, y que reabrirá la frontera compartida.

En términos más generales, la comunidad internacional ha estado demasiada callada durante demasiado tiempo sobre las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Colombia. La retórica hipócrita e inconsistente del gobierno británico sobre los derechos humanos en el extranjero se hace clara por su actitud hacia Colombia. Los sindicatos británicos y colombianos hemos expresado conjuntamente nuestra oposición al acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y Colombia.

Para aquellos comprometidos con la paz y la justicia social en Colombia, entonces, este es un momento emocionante y emotivo, y uno que aumentará el apoyo a organizaciones como Justicia para Colombia.

Quizás lo más importante, sin embargo, es que este es el momento de rendir homenaje a todos aquellos que han perdido la vida durante esta lucha, los que ya no están con nosotros, brutalmente silenciados en el camino. Son muchos con los que nos hubiese gustado compartir este momento. Es en su honor que celebramos el presente y esperamos un futuro mejor para el pueblo de Colombia.

Esta es una versión actualizada de un artículo originalmente publicado el medio británico Tribune.

Mariela Kohon es responsable de Asuntos Internacionales del Congreso de Sindicatos británico, TUC, la que representa a más de 5,5 millones de trabajadores en Gran Bretaña. Anteriormente, fue Directora de Justice for Colombia. Participó como Asesora en el proceso de paz de Colombia.